La Justicia Penal Federal tiene dos procesos abiertos que conviene distinguir: extender territorialmente el Código Procesal Penal Federal y discutir cambios en sus herramientas. El Ministerio de Justicia informó que la próxima entrada en vigencia del sistema acusatorio está prevista para el 30 de noviembre en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que abarca Entre Ríos. En paralelo, una comisión trabaja sobre propuestas de modernización del texto. La fecha de implementación anunciada no convierte esas propuestas en legislación aprobada.

El encuentro del ministro Juan Bautista Mahiques con jueces federales, comunicado el 11 de noviembre, volvió a reunir ambas agendas. La información del Ministerio sitúa las recomendaciones en la elaboración de un anteproyecto. Esa precisión importa para quienes siguen el funcionamiento de los tribunales: una discusión institucional puede anticipar prioridades, pero no establece por sí misma nuevas reglas procesales exigibles.

Qué se prepara para Entre Ríos

La extensión anunciada corresponde a una jurisdicción federal completa, no a todos los procesos judiciales provinciales. Tampoco significa que el Código comience a regir simultáneamente en todo el país. El comunicado describe una implementación por jurisdicciones y fija a Paraná como la próxima etapa. Al corte de esta nota, el 13 de noviembre, la fecha del 30 sigue presentada como prevista; aún no corresponde narrarla como un cambio ya ocurrido.

La reunión abordó dificultades de aplicación, investigación de criminalidad organizada, delitos económicos complejos y ciberdelincuencia. También incluyó el tratamiento de evidencia digital. No se difundieron allí resultados de causas individuales ni indicadores que permitan medir una mejora en tiempos judiciales. Por eso, esos asuntos deben leerse como ejes de trabajo y no como una evaluación estadística del desempeño de la reforma.

Una comisión que propone, no legisla

La Resolución 276/2026, fechada el 24 de junio, creó la comisión de modernización y actualización del CPPF. Su reglamento le asigna una tarea técnica: identificar problemas prácticos y elaborar propuestas con fundamentos. El producto previsto es un informe final acompañado por un anteproyecto, que debe elevarse al ministro. La resolución organiza ese trabajo; no sustituye el Código por otro ni declara vigentes las modificaciones que se discutan.

El diseño del informe también permite saber qué documentación debería respaldar una propuesta. Debe ordenar los temas tratados, el diagnóstico, las dificultades detectadas, las soluciones sugeridas y sus fundamentos. Esto diferencia una enumeración de objetivos de una iniciativa susceptible de análisis jurídico: para evaluar cada cambio habrá que conocer qué problema procura resolver, cómo modifica el procedimiento y qué razones sostienen la alternativa elegida.

La comisión puede convocar especialistas, cuya participación es consultiva y no les otorga voto. Sus aportes escritos deben incorporarse al expediente de trabajo. El reglamento prevé además una Secretaría General que conserva la documentación, organiza el proceso y coordina una versión oficial del borrador. Esa administración común busca dar coherencia al texto: recibir muchas opiniones no equivale a tener múltiples reformas aprobadas.

Evidencia digital y garantías

Entre los lineamientos figuran el fortalecimiento del sistema acusatorio, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. También aparecen las modalidades complejas del delito, las nuevas tecnologías y la simplificación de trámites. Leerlos juntos evita reducir la discusión a la incorporación de herramientas informáticas: el propio mandato exige considerar su encaje en las garantías del procedimiento y en la intervención de sus distintos actores.

El tratamiento de evidencia digital vuelve especialmente relevante esa exigencia de fundamentación. La referencia ministerial no detalla un nuevo mecanismo de acceso a dispositivos, un régimen de conservación de datos ni autorizaciones especiales. Atribuir cualquiera de esas medidas al encuentro agregaría decisiones que no fueron anunciadas. La revisión tendrá contenido concreto cuando los textos permitan identificar las facultades propuestas y las condiciones previstas para ejercerlas.

El reglamento exige una aprobación plenaria del informe antes de elevarlo. Asimismo, establece participación ad honorem y reglas de organización para las reuniones y el cronograma. Son condiciones administrativas del trabajo de la comisión, distintas de las obligaciones que eventualmente podrían incorporarse al proceso penal. Su cumplimiento y la evolución del anteproyecto deberán examinarse con los documentos correspondientes, sin deducirlos automáticamente de la existencia de reuniones.

Las próximas comprobaciones

Para Entre Ríos, el hito inmediato será confirmar la puesta en marcha anunciada para el cierre del mes. Para la reforma normativa, el punto decisivo será conocer el texto elevado y su recorrido posterior. Se trata de preguntas diferentes: dónde comienza a aplicarse el régimen existente y qué modificaciones se buscan introducir. Mantener esa separación permite seguir ambas políticas sin adelantar la vigencia de reglas que todavía están en discusión.

Otra salvaguarda del reglamento es la conservación de las propuestas recibidas y de las actas en la Secretaría General. Esa trazabilidad importa para una revisión posterior: permite diferenciar el aporte de un especialista de la posición adoptada por la comisión. La versión armonizada del anteproyecto debe reunir el trabajo colectivo, mientras las recomendaciones conservan su carácter de insumos y no de decisiones jurisdiccionales.

Documentación de referencia