Dos convenios con alcances diferentes
El Ministerio de Justicia de la Nación y el gobierno de Catamarca firmaron dos acuerdos de cooperación con objetivos distintos: preparar la aplicación del Régimen Penal Juvenil y desarrollar capacidades provinciales para investigar el microtráfico de drogas. La firma estuvo a cargo del ministro Juan Bautista Mahiques y del gobernador Raúl Jalil. Los compromisos prevén capacitación y asistencia técnica; por sí mismos, no transfieren competencias judiciales ni ponen en marcha un nuevo sistema provincial.
El primero se vincula con la Ley 27.801, que estableció el nuevo régimen penal juvenil nacional. Catamarca se convirtió en la quinta provincia en suscribir un convenio de implementación, después de Mendoza, Salta, La Pampa y Santa Cruz, según el anuncio oficial del Ministerio de Justicia. El texto habla de formación de equipos y de disponibilidad recíproca de supervisores especializados para colaborar en casos federales y provinciales.
Qué cambia con la ley penal juvenil
La Ley 27.801 regula la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 17 años. Su diseño incluye medidas educativas y de reintegración social, además de reglas sobre intervención judicial y cumplimiento de sanciones. La puesta en práctica exige coordinación entre Nación y provincias: la justicia local, los organismos de niñez, los servicios de acompañamiento y los espacios de cumplimiento deben contar con personal preparado y procedimientos compatibles.
El Ministerio pondrá a disposición de Catamarca la plataforma informática que desarrolló para gestionar a los supervisores especializados. Según el comunicado, la herramienta permitirá mejorar el seguimiento de medidas y producir información para evaluar la implementación del régimen en todo el país. El convenio también prevé capacitación para los equipos provinciales.
La Ley 27.801 fija para los supervisores entrevistas semanales con los adolescentes e informes mensuales sobre educación, formación y evolución. También deja en manos de cada provincia los procesos de nombramiento y remoción. Para sostener esas tareas, el acuerdo prevé que Nación ofrezca a Catamarca una herramienta informática de seguimiento. Su utilidad dependerá de que los equipos locales cuenten con formación especializada y tiempo suficiente para atender los casos.
En la práctica, ese convenio crea un canal de cooperación entre supervisores de ambas jurisdicciones. La plataforma centraliza su gestión y el intercambio permitirá que equipos con experiencia específica colaboren en causas provinciales o federales. El anuncio no detalla cuántos supervisores trabajarán en Catamarca ni el cronograma de capacitación.
La asistencia para abordar el microtráfico
El segundo acuerdo integra a Catamarca al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM). La provincia es la sexta en incorporarse, luego de Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta y Neuquén. La asistencia nacional contempla apoyo para diagnosticar el fenómeno, elaborar un proyecto de adhesión provincial y diseñar un plan estratégico de persecución penal si Catamarca decide avanzar con el traspaso de determinados casos.
La Ley 26.052 permite que una provincia asuma determinados delitos vinculados con estupefacientes si adhiere mediante una decisión legislativa. El acuerdo con Nación no reemplaza ese paso: prevé asistencia para elaborar un diagnóstico provincial y un anteproyecto, además de diseñar un plan de persecución penal para una eventual transferencia de competencias.
El programa nacional busca que las jurisdicciones locales elaboren respuestas acordes con la escala territorial del narcomenudeo y coordinen su actuación con la justicia federal. La fuente oficial plantea que esa distribución permitiría a los tribunales federales concentrarse en estructuras superiores y delitos complejos; Catamarca todavía debe definir si impulsa la adhesión legislativa.
Una agenda de implementación, todavía por desarrollar
El Ministerio inscribió la firma en una política federal de fortalecimiento provincial que incluye asistencia técnica, capacitación, herramientas tecnológicas e intercambio de información. En Catamarca, esas líneas se aplicarán a dos áreas con marcos distintos: justicia juvenil y persecución del microtráfico. La cooperación no elimina las etapas que cada una requiere.
El anteproyecto y el diagnóstico son insumos previos al debate provincial; el plan estratégico, en cambio, serviría para organizar la persecución penal si se transfieren competencias. El Ministerio presenta esa asistencia como una preparación técnica, no como una reforma ya aprobada ni como una derivación vigente de expedientes.
Catamarca llega a este acuerdo después de Mendoza, Salta, La Pampa y Santa Cruz en materia de régimen juvenil; y luego de Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta y Neuquén en el programa de microtráfico. Los dos antecedentes ubican a la provincia en redes de cooperación federal diferentes, con objetivos y herramientas propios.
El Ministerio plantea una división funcional: respuestas provinciales para casos de alcance local y capacidad federal concentrada en estructuras superiores y delitos complejos. La coordinación entre jurisdicciones es central para evitar que la distribución de competencias fragmente investigaciones que exceden una localidad.
El acuerdo de cooperación se firmó el 9 de octubre. Para Catamarca, el componente juvenil parte de una ley nacional ya sancionada y prevé herramientas para su aplicación; el componente de microtráfico abre un trabajo preparatorio que aún necesita una decisión legislativa local antes de cualquier transferencia de casos.