Un pedido a la máxima instancia

Los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF presentaron una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el fallo favorable a la Argentina. Es la vía extraordinaria disponible después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito rechazara revisar en pleno su decisión. La presentación no implica que la Corte haya aceptado el caso ni restablece automáticamente la condena superior a US$16.000 millones dictada en primera instancia.

Burford Capital, que adquirió derechos económicos vinculados con los reclamos de Petersen, informó la presentación. El Gobierno argentino confirmó que preparará su respuesta, de acuerdo con la cobertura de LA NACION. Los demandantes deben convencer al tribunal de que existe una razón excepcional para revisar una sentencia federal de apelación. La mayoría de esas solicitudes no es admitida.

Qué resolvió la Cámara

El litigio se originó en la estatización del 51% de YPF en 2012. La jueza Loretta Preska concluyó en 2023 que la Argentina había incumplido el estatuto de la compañía al no lanzar una oferta pública por las acciones restantes y fijó una indemnización de más de US$16.100 millones, más intereses. La petrolera fue eximida de responsabilidad en esa sentencia.

En marzo de 2026, una mayoría del Segundo Circuito revirtió el fallo. Los jueces consideraron que la primera instancia había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino aplicable y el vínculo entre la ley de expropiación y las obligaciones del estatuto societario. Luego, el tribunal rechazó una nueva audiencia ante todos sus integrantes. Ese recorrido dejó a la Corte Suprema como última posibilidad dentro del sistema federal estadounidense. El antecedente del rechazo de la Cámara permite distinguir aquella decisión de la petición presentada ahora.

El planteo de los demandantes buscará demostrar que la decisión presenta una cuestión relevante que merece revisión. La defensa argentina podrá responder y sostener que el fallo debe quedar firme. La Corte también puede pedir opinión al gobierno de Estados Unidos, aunque no está obligada a hacerlo. No existe un plazo breve garantizado para conocer la decisión sobre la admisión.

Qué está en juego

El monto de la sentencia original explica la atención financiera, pero la petición no crea hoy una deuda exigible por esa suma. Si la Corte rechaza el caso, la decisión del Segundo Circuito quedará firme en este tramo. Si acepta revisarlo, abrirá una nueva etapa con escritos y, eventualmente, argumentos orales antes de decidir sobre el fondo.

Este expediente tampoco debe confundirse con todas las derivaciones del caso YPF. Hubo discusiones paralelas sobre la entrega del 51% de las acciones como forma de pago, la búsqueda de activos estatales y pedidos de información sobre entidades vinculadas con la Argentina. Algunas medidas quedaron suspendidas o perdieron sustento con el fallo de apelación, pero cada expediente tiene órdenes y recursos propios.

YPF no fue condenada en la sentencia de Preska, aunque el litigio afecta su percepción de riesgo y el valor estratégico de sus acciones. Para el Estado, una derrota definitiva tendría impacto fiscal y abriría negociaciones sobre cumplimiento. Para Burford, el resultado incide en un activo litigioso adquirido años después de la expropiación. Esas exposiciones económicas no anticipan lo que resolverán los jueces.

Por qué importa el derecho argentino

El núcleo jurídico no consiste en revisar si el Congreso argentino podía expropiar. La controversia es si, al tomar el control, el Estado debía cumplir simultáneamente las reglas de oferta pública del estatuto de una sociedad que cotizaba en Nueva York y qué remedio correspondía ante un eventual incumplimiento. La Cámara entendió que la ley argentina había sido leída de forma errónea en primera instancia.

Los demandantes cuestionan esa conclusión y buscarán encuadrar el caso en principios de contratos, jurisdicción y tratamiento del derecho extranjero. La Argentina insiste en que una corte estadounidense no debe transformar disposiciones societarias en una indemnización incompatible con el régimen de expropiación local. La Corte decidirá primero si la controversia justifica ocupar un espacio limitado de su agenda.

Calendario y señales para el mercado

Tras la presentación, la Argentina contará con el plazo procesal aplicable para contestar, salvo prórrogas. Luego los magistrados evaluarán el pedido en una conferencia. Bastan cuatro votos para aceptar un caso, pero la admisión es poco frecuente. Una negativa puede comunicarse sin explicar fundamentos; una aceptación no significa que los demandantes vayan a ganar.

Para los inversores, la incertidumbre no desapareció por completo, aunque la posición argentina mejoró con el fallo de apelación. El precio de los activos puede reaccionar a cada novedad, pero una petición es distinta de una sentencia. Conviene observar documentos judiciales, comunicaciones oficiales y decisiones efectivas antes de traducir titulares en pasivos ciertos.

La Corte selecciona una fracción mínima de los expedientes que recibe. Suele intervenir cuando existen desacuerdos relevantes entre tribunales, cuestiones federales de alcance amplio o errores que considera necesario corregir. Los demandantes intentarán mostrar que el tratamiento del derecho extranjero y las obligaciones societarias cumplen ese estándar; la Argentina argumentará que el Segundo Circuito resolvió correctamente un caso particular.

El próximo hito verificable será la respuesta argentina y, después, la decisión sobre si toma el expediente. Hasta entonces, sigue vigente el pronunciamiento del Segundo Circuito favorable al país. La magnitud potencial exige precisión: los demandantes acudieron a la última instancia disponible, pero todavía no obtuvieron una revisión ni una orden de pago.