La privatización de AySA entró en una fase de comparación económica después de que el Ministerio de Economía abriera dos ofertas para seleccionar al operador estratégico. Consorcio Rowing, Arcos, Transclor y PHX propuso USD 340,2 millones, mientras Roggio Roas y otros integrantes ofrecieron USD 285 millones. La diferencia entre ambas propuestas es de USD 55,2 millones, aunque el monto no define por sí solo el resultado.

El procedimiento es una licitación nacional e internacional de etapa múltiple. Eso implica que la evaluación no se agota en ordenar precios: debe respetar las condiciones técnicas, financieras y documentales del pliego. La información publicada por Economía comunicó la apertura, pero no anunció todavía una adjudicación definitiva.

Qué parte de AySA se transfiere

El proceso contempla la venta del 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La cronología institucional de AySA vincula la operación con la Ley Bases, el Decreto 494/2025 y la Resolución 704/2026, que autorizó el llamado para elegir un único operador estratégico.

Conviene distinguir la propiedad de las acciones de la prestación del servicio. El comprador asumiría la conducción operativa bajo un contrato de concesión, mientras el Estado conservaría funciones de regulación, supervisión y control. Los usuarios no compran agua a una empresa sin reglas: reciben un servicio público sujeto a metas, revisiones y obligaciones contractuales.

Precio de compra e inversiones no son lo mismo

Los USD 340,2 millones y USD 285 millones corresponden a ofertas por el paquete accionario. El plan de inversiones informado es una obligación diferente. Para 2027-2031, el contrato prevé un Plan de Acción de $2,89 billones a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. Comparar ambas cifras de manera directa sería incorrecto porque están expresadas en monedas, momentos y conceptos distintos.

Según el desglose oficial, aproximadamente $1,13 billones se destinarían a obras, $1,15 billones a mantenimiento, $315.761 millones a mejoras y $296.166 millones a operación. La suma busca ampliar redes, renovar infraestructura y sostener la calidad. El nuevo contrato de concesión organiza el servicio alrededor de metas, equilibrio económico-financiero y compromisos de inversión.

Las metas de cobertura para 2031

El esquema difundido fija para 2031 una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el período inicial de concesión, los pisos previstos subirían al 90% y al 75%, respectivamente. Esos porcentajes permiten medir avance, pero necesitan acompañarse con información territorial: cuántos hogares se incorporan, en qué municipios y mediante qué obras.

Economía sostuvo que un tercio del área concesionada todavía carece de acceso conjunto a agua potable y cloacas, que el agua no contabilizada llega al 42% y que la morosidad pasó del 4% al 16%. Son datos presentados por el organismo impulsor de la privatización y deberán poder contrastarse con informes regulatorios y resultados del futuro operador.

Las dos ofertas tampoco deberían compararse únicamente por cuál es más alta. La validez de garantías, la composición de cada consorcio, su capacidad técnica y el cumplimiento del pliego forman parte de una adjudicación responsable. Una diferencia de precio puede ser relevante para el Estado vendedor, pero pierde valor si el proponente no puede ejecutar las obligaciones asumidas. La resolución final deberá explicar la ponderación aplicada y dejar disponibles los actos administrativos que sostengan la decisión.

Qué debería controlar el Estado

El control no termina con la venta. Debe verificar cronogramas, calidad del agua, presión, continuidad, tratamiento de efluentes, mantenimiento, atención de reclamos y expansión comprometida. También necesita reglas claras para revisar tarifas y sancionar incumplimientos sin trasladar automáticamente toda desviación a los usuarios.

La publicidad del contrato y de los informes de ejecución será central. Un compromiso agregado de inversión puede lucir importante, pero la evaluación real requiere proyectos identificables, fechas y porcentajes de avance. Lo mismo ocurre con las pérdidas de agua: reducirlas exige medición, reparación de redes y seguimiento por zonas, no solo una meta general.

Para los usuarios, también importan los mecanismos de reclamo y compensación. Una transición societaria no debería interrumpir canales de atención, planes de pago ni respuestas frente a cortes o baja presión. La continuidad administrativa es parte del servicio y debe quedar contemplada junto con las grandes obras.

Lo que sigue después de las ofertas

La apertura económica permite conocer cuánto ofrece cada competidor, pero todavía quedan la evaluación, la decisión administrativa y las condiciones de cierre. Hasta que esos actos se produzcan, no corresponde presentar a un consorcio como nuevo dueño ni anticipar cuándo comenzará a operar.

Para los hogares del Área Metropolitana, el criterio decisivo será menos abstracto: continuidad, calidad, tarifas comprensibles y expansión hacia barrios que aún no tienen redes. La privatización de AySA se medirá por la capacidad de convertir obligaciones contractuales en obras y servicios verificables. El precio de las acciones abre el proceso; el desempeño de los próximos años determinará su resultado.